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LOS ÁNGELES — Un grupo de senadores republicanos presentó recientemente la Ley de Ciudadanía por Nacimiento de 2025 en el Senado de Estados Unidos, con el objetivo de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales y no inmigrantes con visas temporales.
El congresista Brian Babin presentó el proyecto de ley (Birthright Citizenship Act), que busca enmendar la Enmienda 14 para poner fin a la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales.
Para proteger a los inmigrantes de la agenda de detenciones masivas de la administración de Donald Trump, que pide a las autoridades locales el arresto de personas en el trabajo, escuelas y hasta iglesias, el Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), ha lanzado una línea directa de recursos legales de respuesta rápida para los miembros de la comunidad del sur de California detenidos por agentes de control de inmigración.
Esta iniciativa legislativa surge tras una orden ejecutiva anterior del presidente Donald Trump que buscaba limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero que fue bloqueada hace unos días por un juez federal de distrito de EE. UU. John C. Coughenour, considerándola como “descaradamente inconstitucional”.
Coughenour otorgó la orden de restricción de 14 días que está programada para entrar en vigor el 19 de febrero. Con esta fecha en sus espaldas, activistas pro inmigrantes, líderes comunitarios y varias organizaciones salen a defender este derecho prometiendo una guerra sin tregua.
Por su parte, los senadores a favor del nuevo proyecto de ley, entre ellos Lindsey Graham, Ted Cruz y Katie Britt, argumentan que la práctica actual incentiva la inmigración ilegal y plantea un riesgo para la seguridad nacional, y señalan que Estados Unidos es uno de los únicos 33 países sin restricciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
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Según el comunicado de prensa de Babin, uno de cada diez nacimientos en Estados Unidos es de madre inmigrante ilegal, y atribuye la estadística al Centro de Estudios de Inmigración. El CIS también afirma que casi 400,000 mujeres embarazadas cruzan la frontera ilegalmente cada año con la intención de dar a luz en Estados Unidos.
El comunicado de Babin señala que una vez que se les concede la ciudadanía automática, estos niños pueden iniciar una migración en cadena, abriendo vías para que los miembros de la familia extendida obtengan la residencia legal.
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Las principales disposiciones del proyecto de ley propone limitar la ciudadanía automática únicamente a los niños nacidos en los Estados Unidos cuyos padres sean: Ciudadanos estadounidenses, o residentes permanentes legales (titulares de una green card), o no ciudadanos que estén sirviendo en las fuerzas armadas de los EE. UU.
Asimismo, los niños nacidos de inmigrantes indocumentados o de personas legalmente presentes con visas temporales (como turistas, estudiantes o trabajadores temporales) ya no calificarían para obtener automáticamente la ciudadanía estadounidense.
La Enmienda 14, ratificada en 1868, incluye la Cláusula de Ciudadanía, que establece:“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos.”
Las fianzas de inmigración, que son establecidas a discreción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y de los jueces de inmigración, permiten que los no ciudadanos que enfrentan procesos de deportación sean liberados mientras se decide su caso.
Históricamente, esta cláusula se ha interpretado para otorgar la ciudadanía por nacimiento a casi cualquier persona nacida en los EE. UU., excepto los hijos de diplomáticos extranjeros.
Los defensores de la ley argumentan que la interpretación actual ha permitido abusos de las políticas migratorias de EE. UU., incluyendo el fenómeno del “turismo de nacimiento” (donde personas viajan al país para dar a luz y asegurar la ciudadanía para sus hijos). Los opositores afirman que la ley es inconstitucional y contradice el propósito original de la Enmienda 14, que garantiza la igualdad de protección bajo la ley.
Leyes similares han sido propuestas varias veces por legisladores conservadores, pero nunca ha obtenido suficiente apoyo bipartidista para ser aprobada.
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En 2025, el debate volvió a surgir junto con una orden ejecutiva de Donald Trump, intensificando la polémica legal y política. Pero si el caso llega a la Corte Suprema, el resultado podría cambiar la concepción que tiene la nación de la ciudadanía. Si la corte se pone del lado de Trump, el impacto más inmediato será sobre los recién nacidos y aquellos que aún no han recibido certificados de nacimiento y números de Seguridad Social.
Y mientras ese proyecto de ley se discute, por ahora, Public Rights Project, en nombre de más de 110 gobiernos locales y funcionarios electos que representan a más de 71 jurisdicciones en 24 estados de Estados Unido, ha presentado un escrito legal en cuatro casos de tribunales que impugnan la orden ejecutiva (EO) del presidente Trump, que intenta poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
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Las ciudades que forman parte de la coalición incluyen Baltimore, Chicago, Denver, Columbus, Austin, Minneapolis, entre otras.
El amicus o escrito legal destaca el amplio rechazo a la EO por parte de comunidades de todo el país. Argumenta que poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es inconstitucional, socava los derechos de millones de personas, va en contra de nuestros valores estadounidenses y causará un daño significativo a las personas, las familias, las comunidades y los gobiernos locales. Apoya las solicitudes de una orden judicial preliminar en este asunto urgente y de rápido avance, ya que la EO entrará en vigor el 19 de febrero.
Jill Habig, fundadora y directora de Public Rights Project y ex asesora especial de Kamala Harris en la Oficina del Fiscal General de California, dijo que el presidente no puede reescribir unilateralmente la Constitución ni negar la ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense.
Cuando Julio Alberto Ramos escuchó por primera vez que un candidato a presidente, en aquel entonces Donald Trump, acusó a los inmigrantes mexicanos de ser criminales, le ofendió este ataque.
“Eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento negaría a las familias derechos vitales como el derecho al voto, la atención médica, la educación y la asistencia alimentaria, empujando a millones de personas a la pobreza y obligando a los gobiernos locales a asumir cargas imposibles”, sostuvo Habig.
“Apoyamos a los numerosos funcionarios electos que están luchando contra esta extralimitación ilegal y defendiendo los valores de igualdad y justicia que definen a nuestra nación”, dijo.
La Orden Ejecutiva de Trump desafía más de un siglo de precedentes legales, incluida la 14.ª Enmienda, los fallos de la Corte Suprema y la ley federal y crea una segunda clase permanente de residentes despojados de sus derechos básicos (no pueden votar, formar parte de jurados, recibir ayuda financiera federal para la educación superior, etc.), señalan activistas.
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Maya Wiley, presidenta y directora ejecutiva de The Leadership Conference on Civil and Human Rights afirmó que quienes tienen la ciudadanía por derecho de nacimiento son ciudadanos, y nadie puede quitarles ese derecho constitucional de un plumazo.
“Nuestra vasta coalición está comprometida a luchar colectivamente contra las divisiones que estas órdenes ejecutivas están alimentando y a alzar nuestras voces colectivas para proteger los derechos de los inmigrantes porque eso protege todos nuestros derechos: nuestros derechos a estar libres de discriminación racial y a ser reconocidos como ciudadanos, como miembros de la comunidad, como familias, como trabajadores y como personas que merecen dignidad”, dijo Wiley.
“No nos quedaremos callados y no nos quedaremos de brazos cruzados permitiendo que esta administración o cualquier otra persona viole los derechos civiles y constitucionales”, dijo.
Edward Ahmed Mitchell, el subdirector nacional de El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas sostuvo que el rápido fallo de este tribunal federal es un paso importante para proteger los derechos de todos los niños nacidos en los Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
“La ciudadanía por derecho de nacimiento para todos, excepto para individuos únicos que no están sujetos a la jurisdicción estadounidense, como los hijos de diplomáticos extranjeros, es un precedente constitucional de larga data y una piedra angular de nuestra sociedad que garantiza que a todos los niños, independientemente de su origen, se les concedan los mismos derechos y protecciones bajo la ley. CAIR se solidariza con las numerosas organizaciones de derechos de los inmigrantes que abogan por la Constitución a través de este litigio en curso” dijo Mitchell.
Por el momento, Nuevo México es uno de los 22 estados que recientemente se suman a la demanda contra la orden ejecutiva de Trump, los estados incluyen California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Rhode Island, Vermont and Wisconsin, y la ciudad y condado de San Francisco, la comunidad de Santa Clara, así como el condado de El Paso, Texas.
Al igual, el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, la organización de servicios para inmigrantes CASA y el Instituto de Defensa y Protección Constitucional de la Facultad de Derecho de Georgetown han interpuesto una demanda en representación de sus miembros y de cinco mujeres embarazadas para impugnar la orden.
Trump dijo que espera que la Corte Suprema de Estados Unidos se ponga de su lado en la batalla legal en espera que al menos cinco de los nueve miembros de la corte superior lo apoyen.
Otra demanda contra la orden de Trump fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de New Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, Asian Law Caucus, el State Democracy Defenders Fund y el Legal Defense Fund en nombre de organizaciones con miembros cuyos bebés nacidos en suelo estadounidense serán privados de la ciudadanía en virtud de la orden, entre ellos New Hampshire Indonesian Community Support, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Make the Road New York.
“Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo es inconstitucional, sino que también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses. La ciudadanía por derecho de nacimiento es parte de lo que hace de Estados Unidos la nación fuerte y dinámica que es”, dijo Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
“No permitiremos que este ataque a los recién nacidos y a las futuras generaciones de estadounidenses quede sin respuesta. La extralimitación de la administración Trump es tan atroz que confiamos en que finalmente prevaleceremos”, sostuvo.
Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en este caso, dijo que “la ciudadanía por derecho de nacimiento está garantizada en nuestra Constitución y es absolutamente central para lo que representa Estados Unidos”.
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